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Columna

Amnistía Internacional

Morelia, Michoacán a 28 de febrero del 2018.- El Informe 2017/2018 de Amnistía Internacional y del cual hago una presentación sinóptica, expresa que desde principios de 2017 se dieron varios hechos constitutivos de presión contra los derechos humanos; así expresa un incremento del precio de la gasolina, que provocó agitación social, con cortes de carreteras, saqueos y protestas en todo el país, y dio lugar a cientos de detenciones y varias muertes. A lo largo del año las fuerzas de seguridad llevaron a cabo varios operativos para reprimir una oleada de robos clandestinos de petróleo. Al menos uno de esos operativos de seguridad tuvo como consecuencia una probable ejecución extrajudicial perpetrada por el Ejército durante el periodo que se informa.

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó deficientes medidas de seguridad en las prisiones, que afectaban a los derechos de las personas privadas de libertad. Hubo motines en prisiones de varios estados, incluidos Nuevo León y Guerrero, y una huelga de hambre en la prisión federal de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado de Jalisco. El Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, plenamente en vigor desde junio de 2016, seguía reproduciendo los problemas del antiguo sistema inquisitivo, entre ellos la violación de la presunción de inocencia y el uso de pruebas obtenidas con métodos contrarios a los derechos humanos y otras pruebas ilícitas. Algunas de las violaciones graves a los derechos humanos en el periodo 2017/2018 que se presentan en el informe fueron las siguientes: Policía y fuerzas de seguridad. El informe confirma que se produjo un incremento significativo del número de homicidios, con 42 mil 583 registrados en todo el país. Se trataba de la cifra anual de homicidios más alta registrada por las autoridades desde el comienzo del mandato presidencial actual, en diciembre de 2012.

Detención y reclusión arbitrarias: el Informe 2017/2018 expresa que las detenciones y reclusiones arbitrarias seguían siendo generalizadas y muchas veces derivaban en otras violaciones de derechos humanos, tales como torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Las detenciones arbitrarias muchas veces incluían la colocación de pruebas falsas, generalmente armas y drogas ilegales, por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Las autoridades parecían tener como objetivo a personas históricamente discriminadas, especialmente hombres jóvenes que vivían en la pobreza.

En relación con la violencia de mujeres y niñas, se informa que ésta es generalizada. Las investigaciones en el Ministerio Público continúan siendo deficientes y los generadores de la violencia siguen sin castigo. No se dispone de datos actualizados sobre los feminicidios. Sin embargo, datos oficiales de 2016 indicaban que a 2.668 mujeres se les consideraba víctimas de homicidio, a falta de más investigaciones.

En doce estados de la República se cuenta con el mecanismo denominado Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres. Al finalizar 2017 continúa sin demostrarse que los mecanismos de alerta han reducido la violencia de género contra mujeres y niñas.

Las personas LGBTTTI expresan en el informe que en doce entidades las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio sin recurrir a procedimientos judiciales, pese a que la Suprema Corte de Justicia confirma los derechos a contraer matrimonio y adoptar niños sin discriminación.

Derechos DESC, como se sabe, en México, durante el mes de septiembre se produjeron dos terremotos que tuvieron un fuerte impacto en zonas muy amplias, principalmente en el centro y el sur de México. Más de 360 personas murieron, en la Ciudad de México, la mayoría de las víctimas mortales eran mujeres. El informe relata que según las cifras oficiales, más de 150 mil viviendas se vieron afectadas y al menos 250 mil personas se quedaron sin hogar.

El gobierno aplicó medidas de rescate de sobrevivientes y de atención de emergencia con la participación de personal tanto civil como militar y con el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, hubo varios informes sobre una inadecuada coordinación entre distintas autoridades, datos incorrectos y tardíos sobre el rescate y la recuperación de cadáveres, incautaciones ilegales de alimentos y otros servicios esenciales que debían llegar a los sobrevivientes, y entregas insuficientes de ayuda a muchas zonas devastadas, especialmente en comunidades pequeñas y empobrecidas.

Respecto a defensores de derechos humanos y periodistas, el informe expresa que continuaron las amenazas, el hostigamiento, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores de los derechos humanos. Precisa que perdieron la vida al menos doce periodistas, la cifra más alta registrada en un solo año desde 2000.

Personas refugiadas y migrantes: en el periodo de enero a agosto de 2017 se presentaron un total de ocho mil 703 solicitudes de asilo, una cifra similar a la de todo 2016. El porcentaje de solicitudes que dieron lugar a que se concediera la condición de refugiado se redujo; pasó del 35 por ciento en 2016 al doce por ciento en 2017.

Por otro lado, en el periodo de enero y noviembre de 2017, 88 mil 741 personas migrantes en situación irregular fueron detenidas y 74 mil 604 fueron deportadas, en la mayoría de los casos sin la posibilidad de impugnar su deportación.
Desapariciones forzadas. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (padrón oficial) indicaba que seguía sin esclarecerse la suerte o el paradero de 34 mil 656 personas (25 mil 682 hombres y 8 mil 974 mujeres). Continúa pendiente esclarecer el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

El informe indica que las ejecuciones extrajudiciales no se investigaban adecuadamente, y quienes las perpetraban seguían gozando de impunidad. Por cuarto año consecutivo las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la Policía y las fuerzas militares. No se dio información sobre los cargos penales formulados en los casos de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato.

Se continúa cometiendo tortura por parte de agentes públicos, siendo generalizados e incluían un uso alarmante de la violencia sexual como método de tortura frecuente. Procuraduría General de la República reportó cuatro mil 390 casos de tortura en revisión a nivel federal e inició 777 investigaciones según el Nuevo Sistema de Justicia Adversarial.