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Columna

La podredumbre de la Presidencia de la República y del Congreso /Vicente Bello

La Construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en los llanos salitrosos del antiguo Lago de Texcoco, está convirtiéndose en la representación más bestial del ejercicio de la corrupción y la opacidad en México. Y nadie en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ni en las filas del PRI y PAN –los partidos que por antonomasia han apoyado al régimen en cuanto a lo que ya es la obra faraónica del sexenio-, no han salido a dar la cara de manera abierta, mediante la presentación de los contratos.

De hecho, es lo que ha exigido Andrés Manuel López obrador desde la semana pasada, cuando, en entrevista con un diario capitalino, dijo que pedirá al presidente Peña que detenga la construcción del nuevo aeropuerto una vez se le declare triunfador de la elección presidencial en cierne, y que ordenará la revisión de todos los contratos que ha firmado el gobierno de Enrique Peña Nieto con particulares.

La enorme posibilidad de que López Obrador sea el nuevo presidente de la República a partir del 1 de diciembre próximo ha puesto en la picota al gobierno actual y colocado bajo un nerviosismo nunca visto antes a personajes de la iniciativa privada considerados como unos verdaderos dueños del dinero.

Tan luego se posicionó López Obrador sobre el asunto, respingó el Consejo Coordinador Empresarial. Y entonces este organismo y el equipo del candidato de Morena acordaron instalar una mesa de trabajo sobre la construcción del nuevo aeropuerto, en la que también participase el gobierno federal.

La gravitación de Amlo sobre la vida nacional es inédita en un candidato opositor a la presidencia de la República. La enorme influencia que está demostrando para fijar agenda política es, ni más ni menos, el reflejo de la sombra de gigante histórico que tiene el tabasqueño.

A pesar del hermetismo con que el gobierno de Peña se mueve en el caso de la construcción del nuevo aeropuerto, han comenzado a salir datos sobre el manejo de los dineros y nombres de quienes actualmente se benefician con contratos que fueron otorgados por adjudicación directa.

Fernando Romero -yerno de Carlos Slim-, el mismo Carlos Slim, Hipólito Gerard, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank Rhon. Y empresas como ICA, OHL y otras con sello de “fantasmas” subcontratadas por nada menos que la Secretaría de la Defensa Nacional, dedicada en este sexenio también a la construcción (fue la Sedena, al parecer, la encargada por adjudicación directa la responsable de construir la barda periférica de la megaobra), son de los primeros nombres que han barbotado en este tremendo ajuste de cincha que hizo el candidato presidencial López Obrador, y que obviamente no pudo evitar el gobierno peñista.

Los personeros del gobierno de Peña, en el comienzo del sexenio, dijeron que la obra costaría un promedio de 13 mil 500 millones de dólares, que en la conversión de hace cinco años equivalía a poco más de 150 mil millones de pesos.

Sin embargo, con la devaluación del peso frente al dólar estadounidense el año pasado, el costo proyectado ascendió a más de 250 mil millones de pesos.

Dos cuestiones se preguntan, con la voz en cuello, los hombres del equipo de Andrés Manuel López Obrador: Uno: ¿Por qué carajos el gobierno de Peña acaba de auto promover un crédito –vía fideicomiso- por 32 mil millones de pesos para dizque asegurar la terminación en 2024 de la construcción del aeropuerto; crédito que estaría pagándose hasta casi el año 2050, incluso cuando está a tres meses de la elección presidencial y a ocho de concluir su administración? Estaría dejando endeudado hasta las cachas al gobierno del sexenio siguiente, lo que, en opinión del mismo Amlo, sería como otro “Fobaproa”.

Y dos: ¿Por qué insisten en proyectar en dólares el crédito, cuando se supone que han firmado contratos en pesos mexicanos y cuando a todos los que realizan un trabajo les pagan en moneda nacional.

Verbigracia: a los albañiles les pagan en pesos y no en dólares, a los camioneros que llevan toneladas de tierra les pagan en pesos…?

De las oquedades del nuevo aeropuerto ha comenzado a barbotar tal cantidad de detritus que, hasta el momento, le ha sido imposible a la administración de Peña Nieto detener que fluya y enerve la ira que, de por sí, la sociedad mexicana ya tiene en contra suya.

Y aun cuando se evidencia el enojo social cada día, con mayores grados de temperatura, hay instituciones que contribuyen al agravio, como el INAI y las dos cámaras del Congreso de la Unión.

El INAI porque siendo la institución del Estado mexicano responsable de hacer cumplir la transparencia de la información pública, nada hace para que los contratos exigidos no sólo por Amlo sino por la sociedad entera, se den a conocer.

Y el Congreso de la Unión porque, tampoco, hace nada por defender la función más importante que tiene, la del control político, conocida también como función del contrapeso constitucional.

Es inaudito cómo los diputados y senadores soslayan su obligación de hacer que el gobierno rinda cuentas. Agravian tanto como el gobierno de Peña, cuando se hacen los sordos, los ciegos, los mudos, ante hechos de corrupción como este que envuelve a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Los legisladores mexicanos –concretamente, los que responden a las siglas del PRI, PAN, PRD, PVEM, MC y Panal- están convertidos en cómplices de un gobierno que ya no puede ocultar su podredumbre moral.

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