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Relanzan 11 acciones contra la corrupción

Organizaciones ciudadanas, como el Instituto Mexicano contra la Competitividad (Imco), Mexicanos Contra la Corrupción, además de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Transparencia Mexicana, plantearon 11 compromisos contra la corrupción para que firmen los nuevos gobiernos estatales.

Se trata de la iniciativa que se aplicó el año pasado y que ahora convoca a los candidatos a gobernador de las nueve entidades con elecciones el próximo 1 de julio.

Está dirigida a los aspirantes al gobierno en los estados de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Ciudad de México.

En el ejercicio de 2017 la iniciativa se aplicó con los candidatos a gobernador de Coahuila, Estado de México y Nayarit, y se obtuvo una propuesta positiva por parte de 19 de los 21 candidatos a quienes se invitó a firmar los compromisos.

“Los 11 Compromisos Contra la corrupción de los candidatos a gobernador se da en el contexto de la lucha frontal que los mexicanos en todo el país llevamos contra dos de los problemas más graves que vivimos: la corrupción y la impunidad”, explicó la Coparmex.

Los compromisos a asumir son: un gobierno que impulse la creación de fiscalías generales que garanticen independencia, autonomía y fortaleza institucional para la adecuada persecución e investigación de los delitos; que las observaciones de las auditorías internas y externas sean públicas y accesibles, también el nivel de funcionarios públicos involucrados, recuperaciones financieras y avances relevantes en las investigaciones.

Además, un gobierno sin archivos de papel que cumpla tanto con la Ley General de Transparencia como con la Ley de Archivos; un gabinete que voluntariamente publique la 3de3 en la plataforma de Imco y Transparencia Mexicana, en tanto entra en vigor la obligación de hacerlo a través de la Plataforma Nacional Digital (PND-SNA); un gobierno que tenga un Padrón Único de Beneficiarios para los servicios públicos provistos por el gobierno estatal, incluidas las acciones y programas de desarrollo social, entre otros.

También piden una adecuada planeación para los proyectos de infraestructura con requisitos que aseguren pertinencia y sustentabilidad y publicar la información sobre contrataciones y obras públicas con los estándares nacionales e internacionales de datos abiertos.

Además que sean gobiernos que impulsen a escala nacional una ley general de adquisiciones y obras públicas e informe sobre pasivos, pagos pendientes y obras inconclusas para todas las dependencias de manera oportuna.

Que las compras públicas se hagan a través de Compranet, como lo establece la PND-SNA; que se reduzca el número de pagos en efectivo y se comprometa con el Sistema Nacional Anticorrupción a no poner trabas al sistema local y asegura su independencia y eficacia.

Con información de: Milenio.

 

Grupo Marmor

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